La regulación de redes sociales y la responsabilidad ciudadana son necesarias ante el impacto de la desinformación en la opinión pública, la participación social y los procesos democráticos, afirmó Martín Rodrigo Echeverría Victoria, especialista de la BUAP en ciencia política y comunicación social.
El investigador, adscrito al Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE), señaló que las plataformas digitales se han convertido en los principales canales de acceso, consulta y difusión de información. Sin embargo, advirtió que su influencia también alcanza las decisiones y políticas públicas.
Regulación de redes sociales ante la desinformación
Para Echeverría Victoria, cuestionar la veracidad de los contenidos es fundamental, debido a que detrás de la información difundida existen intereses. Por ello, consideró necesario fortalecer la alfabetización digital, especialmente entre las personas adultas, para que puedan distinguir entre información falsa y verdadera.
Explicó que algunas plataformas, como Facebook e Instagram, ya aplican controles sobre desnudos, contenido sexual y violencia explícita. Asimismo, indicó que en ciertos países las redes deben retirar información falsa cuando una persona la reporta y se confirma su contenido.
“Lamentablemente en México y América Latina esto avanza de forma más cauta. La apuesta de las plataformas es comprometerse a autorregularse para no entrar en litigio y verse obligadas a cumplir con ciertas restricciones. Ese es el tema de América Latina, salvo Brasil, que obligó a instalar a moderadores de contenido, sobre todo en el gobierno de Jair Messias Bolsonaro y la insurrección después de la elección, cuando se tuvo que llegar a niveles realmente críticos para que el Poder Judicial actuara y pusiera un freno a las plataformas”, declaró.
Respecto a la libertad de expresión, el especialista indicó que Europa ya enfrentó esta discusión. En ese caso, dijo, la prioridad fue proteger la integridad de los procesos electorales y el derecho de las personas a recibir información sin ser engañadas o manipuladas.
Además, alertó sobre el uso de Instagram y TikTok por parte del crimen organizado para reclutar jóvenes mediante falsas ofertas de empleo que pueden derivar en trabajo forzado.
“Ese es un caso sencillo, pero hay otros más críticos, por ejemplo, cuando el crimen organizado utiliza Instagram o TikTok para reclutar a jóvenes, bajo engaños de un empleo que al final de cuentas es trabajo forzado. Esa es una forma de desinformación evidentemente mucho más crítica, incluso trágica. Me parece que el derecho de estos chicos a ser cuidados, protegidos frente a estas redes, es más importante y se tendría que poner en la balanza estas cuestiones porque hay una situación de altísimo riesgo”, expresó.
Fraudes, inteligencia artificial y responsabilidad ciudadana
El investigador también planteó regular los canales digitales donde se ofrecen productos o servicios que funcionan como señuelo para posibles fraudes. A su juicio, el medio por el que circula esa información debería contar con controles.
En este proceso, agregó, la academia puede contribuir con propuestas y análisis para quienes legislan sobre estos fenómenos. No obstante, reconoció que los asuntos políticos o relacionados con la industria suelen enfrentar poca apertura hacia los resultados de las investigaciones.
“Es un constante trabajo de persuasión, acercamiento y aprovechar oportunidades, como la ley Olimpia”, comentó.
Sobre la inteligencia artificial, explicó que el riesgo no está únicamente en su capacidad para generar contenidos. También puede perfeccionar la desinformación al automatizar y acelerar la fabricación y distribución de mensajes.
Recordó que el New York Times publicó en este año un reportaje sobre una campaña integrada por 2 mil 500 influencers inexistentes en Instagram. Las cuentas tenían miles de seguidores y difundían apoyo hacia MAGA (Make America Great Again) y Donald Trump.
“Todos esos seguidores existían, pero los influencers no. De hecho, tenían discursos bastante similares, lo que implica que hay un punto de apoyo para diseminar aún más estas operaciones de desinformación. Se trata de un proceso complejo y ahí es donde es importante el papel del Estado para proteger a sus ciudadanos de ser manipulados”, señaló.
Finalmente, Echeverría Victoria sostuvo que la desinformación es masiva y cotidiana, además de que puede manipular a la población y poner en riesgo procesos democráticos. Por ello, llamó a no compartir ni dar “like” a contenidos sospechosos o sin una fuente reconocible.
“Hay que ser responsables como ciudadanos para no contribuir a diseminar esta desinformación y hacer el juego a estas entidades. Entonces, podemos hacer algo desde nuestro celular, siendo juiciosos e intuitivos al compartir o no esos contenidos, porque se pueden y deben consultar otras fuentes o enfoques de análisis que enriquezcan nuestra perspectiva como ciudadanos”, concluyó.
