08 de octubre de 2026. La diputada Guadalupe Yamak Taja propuso establecer en Puebla sanciones de tres a diez años de prisión y multas de 100 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para los delitos patrimoniales cometidos contra personas adultas mayores, asociaciones de madres y padres de familia, consejos de participación escolar o sus equivalentes reconocidos por la legislación educativa.
La iniciativa fue presentada durante la sesión pública ordinaria del Congreso del Estado y plantea reformar el artículo 400 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. El documento fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
De acuerdo con la propuesta, la reforma busca proteger los recursos económicos aportados por las familias para atender necesidades colectivas de los planteles educativos. Asimismo, plantea reforzar los principios de honradez, responsabilidad y rendición de cuentas en la administración de recursos destinados a fines educativos.
Sanciones por delitos patrimoniales en Puebla
Además, el diputado Elías Lozada Ortega y la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla a implementar un programa de prevención y detección del consumo, venta y distribución de sustancias psicoactivas de procedencia ilícita.
La propuesta contempla que el programa se aplique en planteles de educación básica y media superior de la región del Valle de Serdán. Para ello, plantea la coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública estatal con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y los Ayuntamientos de los municipios que integran dicha región.
El exhorto deberá atender estrictamente los protocolos de actuación aplicables y fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública.
Propuestas sobre asistencia social y gobernación
Durante la misma sesión, la diputada Modesta Delgado Juárez presentó una iniciativa para reformar el artículo 4 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.
La propuesta busca establecer como personas, familias o comunidades sujetas preferentemente a los servicios de asistencia social a niñas, niños, adolescentes y mujeres en situación de abandono; infractores que requieran estos servicios; personas con trastornos relacionados con el consumo de estupefacientes; mujeres durante el embarazo; personas adultas mayores en situación de abandono; personas con discapacidad o incapacidad, y personas en situación de calle.
La iniciativa fue enviada a la Comisión de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad.
Por su parte, la diputada Susana del Carmen Riestra Piña propuso crear la Junta Auxiliar “La Victoria”, perteneciente al municipio de Zacapala, Puebla. El proyecto fue turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El diputado Julio Miguel Huerta Gómez presentó dos iniciativas relacionadas con los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia en el Congreso del Estado.
La primera plantea reformar el artículo 48 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. El objetivo es precisar la competencia de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para la revisión inicial de las denuncias de juicio político y de declaración de procedencia.
También propone establecer expresamente que la Comisión Instructora tendrá a su cargo la instrucción de esos procedimientos, conforme a la legislación aplicable. La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La segunda iniciativa de Huerta Gómez busca reformar el artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. El planteamiento señala que en el Congreso del Estado se constituya una Comisión Instructora.
Esta comisión se encargaría de instruir el procedimiento de juicio político, una vez determinada la procedencia de la denuncia, hasta dejarlo en condiciones de que el Congreso emita la resolución definitiva. La iniciativa también fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Actualización de normas civiles y justicia para adolescentes
El diputado José Miguel Trujillo de Ita propuso reformar el artículo 1460 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con el propósito de adecuar su redacción a las nuevas tecnologías de comunicación.
La iniciativa sustituye la referencia específica a medios como el teléfono, la radio y el télex por una fórmula neutral respecto de la tecnología, sin modificar el criterio vigente. El texto propuesto establece:
“El artículo anterior es aplicable a la oferta hecha por teléfono o a través de cualquier otro medio electrónico, óptico o de cualquier otra tecnología que permita a la persona que recibe la oferta contestar inmediatamente”.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
Finalmente, el diputado José Miguel Trujillo presentó una iniciativa para reformar la fracción II del artículo 4 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.
El proyecto plantea incluir como sujetos de los servicios de asistencia social a las personas adolescentes sujetas al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en materia de reinserción y reintegración social y familiar.
También contempla a niñas y niños menores de doce años a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito, conforme al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa fue enviada a la Comisión de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad.
